Priistas aseguran que el desvío de recursos se contempla en sus políticas internas.


Ciudad de México.- Muchos priistas de la nueva generación han sido vinculados con estafas y desvíos de grandes cantidades de dinero, algunos de ellos han sido procesados y se encuentran encarcelados, pero a pesar de eso, aún existen muchos priistas que defienden la vieja escuela del priismo.

Diversos políticos de la bancada tricolor han afirmado que el encarcelamiento de gobernadores acusados de desvío de millonarias cantidades de dinero es solo un acto más de desesperación por parte de la oposición, y es que aseguran, el desvío de dinero no se considera grave dentro de partido, según su Manual de Políticas Internas.

Se presume que ese Manual de Políticas Internas se entrega a todos los nuevos aspirantes a puestos públicos, el cual contiene un listado de todas las formas posibles de manejar recursos públicos de manera legal y otras no tanto, no obstante, a pesar de que las leyes federales y estatales consideren ciertas actividades listadas en el manual como ilegales, se permiten siempre y cuando el partido tenga mayoría en la cámara de diputados y senadores, así como el cargo de Presidente de la República.

La compra de votos, el desvío de recursos, las desapariciones forzadas de civiles y periodistas así como la firma de amnistías con grupos criminales se aceptan dentro de este manual siempre y cuando beneficien al partido económica y políticamente. El manual también contempla el encarcelamiento de un máximo de 10 funcionarios públicos de alto nivel para guardar apariencias y proyectar un ambiente anti corrupción.

“Todo aquel político que sea encarcelado deberá aceptar la condena establecida en caso de que no se pueda negociar su libertad, en ese caso, se le compensará de la manera que él vinculado a proceso decida la aplicación de la compensación”

La sonrisa de un hombre que sabe que el PRI lo respalda.

Es por eso que Javier Duarte junto con otros gobernadores están pagando el aceptar las políticas internas del PRI.

De esta manera se entiende que ninguno de los actuales servidores públicos de alto nivel consideren los desvíos y estafas de gobernadores y secretarios de instancias federales, como un delito grave a perseguir y solo se limiten a decir que “se realizó una investigación, se deslindaron responsabilidades y se tomaron cartas en el asunto”, pero nunca hubo quien pagara sentencia o devolviera el dinero desviado.

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